Por Alfonso Bernad
En mi comunidad de vecinos hemos decidido adelantarnos a los tiempos. Somos gente moderna, abierta, integradora y, sobre todo, extraordinariamente respetuosa con los vínculos históricos.
Por eso ya no votamos únicamente los propietarios actuales.
Eso era antes.
Ahora votan también los hijos, nietos y bisnietos de todos los que alguna vez tuvieron un piso en el edificio, aunque lo vendieran hace cincuenta años, emigraran a otro continente y sus descendientes no hayan pisado España —perdón, quería decir el portal— en toda su vida.
La experiencia está resultando apasionante.
Cuando empezó el nuevo sistema éramos veinte vecinos. Nos conocíamos todos: el del primero que pone la televisión demasiado alta, la señora del tercero que riega los geranios sobre la ropa tendida del segundo y el matrimonio del cuarto que lleva quince años asegurando que «el año que viene» cambiará la puerta del ascensor.
Una comunidad normal.
Ahora somos unos ciento noventa comuneros electorales.
Veinte vivimos en el edificio.
Los otros ciento setenta están repartidos por medio mundo.
Tenemos votantes en Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Ciudad de México, Caracas, Miami y alguna localidad cuyo nombre el administrador todavía no sabe pronunciar.
Muchos no conocen el edificio.
Otros no saben en qué barrio está.
Alguno confunde nuestra calle con una localidad de la provincia de Córdoba, Argentina.
Pero participan activamente en la gestión.
Y es lógico.
Su bisabuelo tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964.
¿Cómo íbamos a negarle el derecho a decidir sobre el ascensor?
Sería una crueldad histórica.
MEMORIA COMUNITARIA
Nuestra primera gran decisión fue instalar un portón automático para el garaje.
No tenemos garaje.
Ese pequeño inconveniente fue señalado por los veinte vecinos residentes, pero inmediatamente se nos acusó de mantener una concepción excesivamente presencialista de la comunidad.
El edificio, nos explicaron, no pertenece solo a quienes vivimos en él.
Pertenece también a quienes conservan una vinculación histórica, sentimental o genealógica con el inmueble.
El portón costó 18.700 euros.
Quedó precioso.
Como no había garaje donde colocarlo, se instaló delante del cuarto de bicicletas.
Durante la inauguración, el presidente pronunció desde Guadalajara, México, un emotivo discurso por videoconferencia acerca de «la recuperación de la memoria comunitaria».
Nadie encontró las bicicletas durante tres días.
Pero la memoria quedó recuperada.
EL FELPUDO ÚNICO
Después llegó la cuestión del felpudo.
Durante décadas cada vecino había colocado delante de su puerta el felpudo que le había parecido conveniente (Hola, Adiós, Nietos si, Hijos no, …).
Aquello, al parecer, constituía una intolerable fragmentación estética del espacio común.
La Junta aprobó entonces el Felpudo Comunitario Homologado Modelo 2026.
Nadie puede utilizar otro.
Cuesta 375 euros.
Lo vende el vicepresidente de la comunidad, un señor muy agradable que reside en un pequeño municipio de San Luis Potosí, México.
Conoce perfectamente nuestro edificio porque pasó una vez por delante durante unas vacaciones en España.
Fue en 1998.
No llegó a entrar.
Pero conserva un recuerdo imborrable.
Sobre todo, desde que es vicepresidente.
Algunos vecinos preguntamos por qué un felpudo fabricado industrialmente costaba 375 euros.
El vicepresidente respondió que no debíamos reducir la cuestión a criterios economicistas.
No comprábamos un felpudo.
¡Comprábamos identidad!
Desde entonces procuramos limpiarnos los zapatos con mucho sentimiento de pertenencia.
LA ROPA, SOLO LOS DÍAS IMPARES
La última junta ha sido particularmente productiva.
Se aprobó que la ropa únicamente pueda tenderse los días impares.
La ropa de color tendrá una regulación especial: solo podrá tenderse cuando el número correspondiente al día del mes sea primo.
Es decir:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y 31.
Hubo cierta discusión respecto al día 2, porque es par.
Finalmente se creó una Comisión de Interpretación del Tendido encargada de resolver el conflicto.
La forman siete personas.
Ninguna vive en España.
El presidente de la comisión reside en Montevideo y, según confesó durante la primera reunión, no tiene tendedero porque utiliza secadora.
Consideramos que eso garantiza su imparcialidad.
La normativa fue aprobada por amplia mayoría gracias al voto de 106 descendientes de antiguos propietarios.
Los veinte que vivimos aquí votamos en contra.
No tuvo importancia.
Se nos explicó que nuestra visión era «excesivamente localista».
Resulta que quienes utilizamos todos los días la escalera, pagamos el ascensor, soportamos las obras, recogemos las cartas equivocadas y llamamos al seguro cuando revienta una tubería tenemos una deformación intelectual importante:
estamos demasiado condicionados por vivir aquí.
La distancia proporciona una perspectiva mucho más objetiva.
Especialmente a 10.000 kilómetros.
GRANDES PROYECTOS
Una vez superadas esas primeras reformas, la imaginación comunitaria se ha disparado.
Actualmente se estudian varias propuestas.
Una piscina climatizada en el cuarto de contadores.
Una pista de pádel vertical aprovechando el hueco de la escalera.
La declaración como festivo del aniversario de la Primera Derrama.
La creación de un Instituto de Estudios Históricos del Ascensor.
Y el cambio del nombre del edificio.
Dejaría de llamarse simplemente «Comunidad de Propietarios número 37» para adoptar una denominación mucho más acorde con nuestra nueva sensibilidad:
Residencial Memoria Democrática.
Los veinte residentes únicamente hemos presentado una petición.
Que arreglen la gotera del quinto.
Lleva tres años.
Pero la propuesta permanece paralizada.
No ha conseguido despertar suficiente interés entre los comuneros de Montevideo.
Al parecer, una humedad en el techo carece de perspectiva histórica.
HAY UNA COSA QUE NO HA CAMBIADO
Existe, sin embargo, una peculiaridad del nuevo sistema.
Las cuotas siguen pagándolas los propietarios.
Las derramas también.
La reparación de la caldera, los propietarios.
La limpieza, los propietarios.
El seguro, los propietarios.
El ascensor, los propietarios.
La tubería que reventó en agosto mientras media Junta se encontraba disfrutando del invierno austral, también los propietarios.
Los ciento setenta nuevos comuneros participan fundamentalmente en otra actividad:
decidir.
Es una distribución de funciones bastante cómoda.
Unos votan.
Otros pagan.
Unos mantienen el vínculo histórico.
Otros mantienen el edificio.
LA LEY DE LOS NIETOS
Naturalmente, esta comunidad no existe.
Todavía.
Es una caricatura.
Una reducción al absurdo construida a partir de una pregunta bastante más seria: ¿qué relación debe existir entre nacionalidad, residencia, ciudadanía política y pertenencia histórica?
La conocida popularmente como «Ley de Nietos» tampoco establece, literalmente, que cualquier bisnieto de cualquier español pueda votar automáticamente en España.
Conviene decirlo porque la sátira funciona mejor cuando no necesita falsear aquello que satiriza.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática abrió determinados supuestos para optar a la nacionalidad española a descendientes de españoles. El plazo de presentación terminó en octubre de 2025.
Y no estamos hablando de una cuestión numéricamente insignificante.
A 31 de mayo de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores contabilizaba 1.225.188 solicitudes presentadas personalmente en oficinas consulares, 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones practicadas.
Después viene otra cuestión distinta.
La nacionalidad.
Y después, otra.
Los derechos políticos que lleva aparejados esa nacionalidad conforme a la legislación electoral.
Un español residente en el extranjero e inscrito en el correspondiente censo electoral puede participar desde fuera de España en elecciones generales, autonómicas y europeas.
No necesita saber cuánto cuesta el alquiler de un piso en Barcelona.
Ni cuánto tarda actualmente una cita médica.
Ni qué impuestos paga quien reside aquí.
Ni cuánto cuesta llenar la nevera.
Ni, naturalmente, conocer personalmente la escalera de nuestra imaginaria comunidad.
Tiene nacionalidad española.
Y ese es el criterio jurídico esencial.
Puede sostenerse que así debe ser. También puede discutirse políticamente dónde deben situarse los límites entre descendencia, nacionalidad, residencia y participación electoral.
La sátira no resuelve esa discusión.
Solo cambia el escenario.
En lugar de un país, coloca un edificio.
Y entonces algunas preguntas adquieren un aspecto diferente.
LA EXTRAÑA ARITMÉTICA DE LAS MAYORÍAS
Las comunidades de propietarios son, paradójicamente, bastante desconfiadas con las mayorías.
La Ley de Propiedad Horizontal establece distintos requisitos dependiendo de lo que se pretenda aprobar. Para determinadas innovaciones o mejoras puede exigir tres quintas partes de propietarios y cuotas; otras actuaciones tienen reglas diferentes y las obras necesarias de conservación constituyen incluso una categoría propia.
Es decir: modificar determinados elementos de nuestra humilde finca puede exigir una mayoría reforzada.
En política las reglas son otras porque, naturalmente, una comunidad autónoma no es una comunidad de propietarios.
Pero las comparaciones absurdas tienen una ventaja: obligan a mirar los números.
El 27 de octubre de 2017, por ejemplo, la resolución del “Parlament de Catalunya”, vinculada a la declaración de independencia obtuvo 70 votos favorables, 10 contrarios y 2 abstenciones en una cámara de 135 diputados. Una parte importante de la oposición (53 – 39,26%) abandonó el hemiciclo y no participó en aquella votación.
Setenta de ciento treinta y cinco.
Los números son los que son.
No hace falta adornarlos.
Y aquí reaparece nuestro edificio.
Imagino la escena.
—¿Cuántos propietarios somos?
—Ciento treinta y cinco.
—¿Cuántos han votado?
—Ochenta y dos.
—¿Y cuántos han aprobado construir la piscina climatizada dentro del cuarto de contadores?
—Setenta.
—¿Y cabe la piscina?
—No.
—Entonces, ¿qué hacemos?
—Respetar la mayoría.
Probablemente en ese momento aparecería el vecino del segundo, miraría el cuadro eléctrico, miraría la piscina y formularía la única pregunta verdaderamente importante:
—¿Y quién paga esto?
Silencio.
EL QUE SE FUE A SEVILLA…
De pequeños nos enseñaban una fórmula jurídica de extraordinaria sencillez:
«El que se fue a Sevilla perdió su silla».
Era un principio bastante expeditivo.
Bastaba levantarse durante treinta segundos para perder todos los derechos adquiridos sobre el asiento.
La política contemporánea ha demostrado que la cuestión es bastante más complicada.
Uno puede marcharse de la silla.
Después del edificio.
Después de la ciudad.
Después del país.
Pueden transcurrir generaciones.
Y la relación jurídica con aquella comunidad histórica puede sobrevivir, recuperarse o reconstruirse mediante la nacionalidad.
Eso conduce a preguntas legítimas sobre qué significa pertenecer políticamente a una comunidad.
¿La pertenencia procede de vivir en ella?
¿De contribuir a ella?
¿De haber nacido en ella?
¿De ser hijo o nieto de quien nació en ella?
¿De la nacionalidad que reconoce el Estado?
Las leyes responden jurídicamente.
La política responde de otra manera.
Y los ciudadanos pueden discutir ambas respuestas.
Mientras tanto, en nuestra comunidad de propietarios seguimos esperando que arreglen la gotera.
Ayer recibimos buenas noticias.
La Comisión de Infraestructuras Históricas ha aceptado estudiar el asunto.
La próxima reunión será por videoconferencia.
Participarán representantes de Argentina, Uruguay, México y Venezuela.
Los veinte vecinos residentes podremos asistir.
Sin voto, naturalmente.
Tenemos un conflicto de intereses.
Vivimos en el edificio.